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El Supremo debate la amnistía de Puigdemont: Fiscalía y Abogacía del Estado apoyan su aplicación

El Alto Tribunal estudia los recursos contra la decisión de no amnistiar la malversación en el 'procés'

El abogado del ex pesidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada a una vista pública, en el Tribunal Supremo.

El abogado del ex pesidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada a una vista pública, en el Tribunal Supremo.Jesús Hellín - Europa Press

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Marian Romero
Madrid

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El Tribunal Supremo ha celebrado este lunes una vista clave para el futuro judicial de Carles Puigdemont. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han respaldado la aplicación de la ley de amnistía al expresidente catalán y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados por malversación en el 'procés'. Por su parte, la defensa de Puigdemont ha insistido en que el Supremo no es el órgano competente para aplicar la norma y que la causa debería ser trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El debate surge tras la negativa del magistrado Pablo Llarena a aplicar la amnistía a la malversación, argumentando que el desvío de fondos públicos con fines independentistas tuvo un impacto en los intereses económicos de la Unión Europea.

Un debate legal y político en el Supremo

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha defendido que la competencia corresponde al TSJC y ha señalado que "a estas alturas no es necesario un gran debate sobre la aplicación de la amnistía". En la misma línea, el abogado de Lluís Puig ha alertado de que no aplicarla sería "arbitrario e injusto".

Desde el otro lado, Vox ha mantenido su postura en contra de la amnistía y ha insistido en que el Supremo debe mantener la imputación por malversación. "Si un acto es ilícito, no puede ser amparado por ningún instrumento de derecho", ha defendido su representante legal.

La decisión del Supremo sobre estos recursos será clave para el desenlace del proceso judicial de Puigdemont y otros líderes independentistas, en un contexto donde la aplicación de la ley de amnistía sigue generando un fuerte debate político y jurídico.

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