La reunión sobre el Algarrobico desvela que Montero sólo buscaba el titular con la expropiación

La demolición del hotel ilegal del Algarrobico, situado en la playa del mismo nombre del municipio de Carboneras, en Almería, se ha convertido por parte del Gobierno central en un foco de confrontación con la Junta de Andalucía, con el anuncio en solitario la expropiación de los terrenos, una vía que anteriormente había descartado, pero que la vicepresidenta y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, recupera para dar el titular de la inminente demolición, en un plazo de "cinco meses".

Sin embargo, ambas instituciones se han reunido de manera telemática este pasado martes por la tarde en la comisión mixta para abordar las novedades sobre el Algarrobico, que es símbolo del urbanismo más salvaje en las costas andaluzas y en un espacio protegido como es el parque natural Cabo de Gata-Níjar, y el resultado de la reunión difiere mucho de las declaraciones públicas que realiza el ejecutivo de Sánchez.

Y es que, según ha informado la Junta de Andalucía al respecto de la comisión, el Gobierno de España "no ha sabido explicar y aclarar" cómo va a proceder al derribo del hotel Algarrobico, pero es que además, a través de la Dirección General de la Costa y del Mar, ha reconocido que esta nueva vía judicial de expropiación "no estaría exenta de recursos judiciales", tal y como apuntó el propio alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs), y que es "imprescindible" la revisión de la licencia y su anulación para dar cumplimiento a las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha. 

Es decir, aunque no renuncian a la vía de la expropiación, reconocen necesario cumplir las sentencias emitidas en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dirigidas al Ayuntamiento de Carboneras para que revise la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol y declare los terrenos como "no urbanizables" en su plan urbanístico. tal y como ha defendido el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

Un anuncio electoral y sin garantías

Así que, ante el dudoso proceso, vacío de contenido, que fue uno de los anuncios estrellas de la vicepresidenta Montero nada más asumir la secretaría general del PSOE andaluz, queda en evidencia que la única solución para llegar a la demolición del hotel es cumplir con las resoluciones judiciales tras 20 años de litigio. Además, es la salida que han defendido las asociaciones de Greenpeace y Ecologistas en Acción y la propia Junta que se ha personado en el caso para ejecutar la sentencia con el objetivo de que se inste al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar la revisión de la licencia.

Cabe recordar que la promesa de María Jesús Montero sobre el derribo a través del inicio del procedimiento de expropiación supone un cambio respecto a la postura mantenida hasta la fecha por el Gobierno de España, que ya inició en 2006 un proceso similar y acabó renunciando al mismo por las dificultades que entrañaba. En este contexto, la Junta ha solicitado aclaraciones al Gobierno de España sobre diversos aspectos técnicos y jurídicos, que "suscitan dudas, como, por ejemplo, si tiene previsto realizar la expropiación con carácter de urgencia, cómo pretende fijar el justiprecio, especialmente de lo edificado, o qué procedimiento específico prevé para llevarla a cabo".

Asimismo, el Ejecutivo andaluz ha trasladado que, "sin resolver estas cuestiones, sin los informes que deben avalarlas y sin que se le remita la información necesaria sobre la expropiación proyectada por el Estado, no puede decidir sobre la tramitación por su parte de un procedimiento expropiatorio con las debidas garantías". Además, desde la Junta de Andalucía, ante las declaraciones en los últimos días de algunos dirigentes del Gobierno de España, ha aclarado que "el edificio no se puede demoler parcialmente, ni se puede dividir".

Por su parte, la Dirección General de la Costa y el Mar ha coincidido con la Junta en la importancia de seguir trabajando de manera "conjunta y coordinada" en los próximos pasos, con el objetivo común de "recuperar este espacio natural". En este sentido, la Junta ha instado a mantener reuniones de la Comisión con una mayor periodicidad, con el fin de "hacer un seguimiento constante de los avances y compartir la información relevante".