Óscar Puente elude responsabilidades sobre la gestión de la dana y asegura que la verdad saldrá en los tribunales
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado asumir cualquier tipo de responsabilidad respecto al caos vivido por la población durante la dana que afectó a la provincia de Valencia. Asegura que la verdad saldrá en los tribunales, mientras la justicia sigue exigiendo información sobre la gestión del desastre, incluido el polémico SMS de alerta enviado a la población.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha limitado a eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre la fallida gestión de la dana que azotó la provincia de Valencia el pasado octubre. A pesar de las evidentes dudas sobre la actuación del gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la emergencia, Puente se ha limitado a comentar que “es un tema judicializado” y que será en los tribunales donde “aflorará la verdad”.
El requerimiento judicial a la Generalitat, exigiendo información sobre quién fue la persona responsable de enviar el SMS de alerta a la población el 29 de octubre, ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de claridad en la gestión de la emergencia. La justicia también ha solicitado a la CHJ que entregue los datos del caudal del barranco del Poyo, un aspecto clave para esclarecer la magnitud de la tragedia. Sin embargo, Puente se ha mostrado indiferente a los requerimientos, reiterando su postura de esperar a que los tribunales den respuesta y afirmando que no sabe lo que ocurrió durante las cruciales horas del desastre.
A lo largo de su intervención en un desayuno informativo organizado por el periódico Mediterráneo, Puente también ha criticado la difusión de audios sobre la gestión de la emergencia.
En referencia a una grabación del presidente de la CHJ, Miguel Polo, que fue ampliamente difundida en los medios, Puente ha afirmado que los audios fueron "mutilados" y "sesgados". Sin embargo, sus declaraciones parecen alejarlo aún más de la responsabilidad política que recae sobre su ministerio y el gobierno en general.
En un contexto donde la ciudadanía y las víctimas del desastre siguen a la espera de respuestas claras, las palabras de Puente han generado más frustración que alivio, mostrando la falta de implicación del Gobierno en la crisis. La promesa de esperar a los tribunales solo parece dilatar la búsqueda de una respuesta eficaz a la grave crisis vivida.
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