El fiscal general al borde del banquillo mientras Sánchez quiebra el sistema de financiación autonómico

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presidido el acto de toma de posesión de Teresa Peramato como nueva fiscal de Sala de lo Penal, reafirmando el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra el crimen y la corrupción en España.

En cuanto a la economía autonómica, el Consejo de Política Fiscal y Financiera está discutiendo la condonación de deuda de las comunidades autónomas, que asciende a un total de 83.000 millones de euros. Esta medida ha generado un debate acalorado entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, quienes se oponen al plan, mientras que otras regiones defienden la necesidad de aliviar la deuda para asegurar su estabilidad financiera.

El ambiente político se calentó en el Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el diputado del PP, Elías Bendodo, protagonizaron un rifirrafe por la gestión del gobierno en relación a la deuda autonómica. Bendodo criticó el aumento de cargos de Montero, mientras que ella defendió la postura del Ejecutivo, resaltando que las medidas adoptadas son fundamentales para mantener la estabilidad económica en el país.

En el ámbito judicial, el caso Begoña Gómez, relacionado con la esposa del presidente del Gobierno, ha dado un giro importante. Begoña Gómez, junto a su asistente, ha comparecido ante el juez en relación con unas presuntas irregularidades en la asignación de contratos y el otorgamiento de una cátedra. La asistente de Gómez negó cualquier tipo de influencia en estos procesos, mientras que la propia Begoña Gómez desmintió haber gestionado contratos para beneficiar a empresas.

Por otro lado, la empresaria Carmen Pano ha sido citada ante el juez en el marco de una investigación por corrupción. Pano ha asegurado que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, siguiendo indicaciones de Víctor de Aldama, presunto comisionista de una trama corrupta. Además, detalló que recibía regularmente pagos en efectivo, alrededor de 100.000 euros semanales, de Claudio Rivas, socio de Aldama, para hacer entregas a este último.

Estas noticias marcan una jornada crucial en la política y la justicia española, con casos de gran impacto en el panorama actual que siguen generando debates y controversias tanto a nivel institucional como judicial.