El Ayuntamiento de Carboneras alega "voluntad", pero también más problemas para El Algarrobico

La demolición del hotel ilegal que se ubica en la playa del Algarrobico en Carboneras, Almería, se ha convertido en una maraña judicial que parece no tener desenlace. Las últimas novedades ha sido la respuesta que ha dado el Ayuntamiento de Carboneras al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en contestación a los requerimientos para corregir las deficiencias detectadas en la adaptación de su planeamiento para declarar de forma efectiva "no urbanizables" los terrenos de El Algarrobico, en los que se asienta el hotel de la promotora Azata, y El Canillar (citados también en la causa).

Recientemente el TSJA le pidió al ayuntamiento información sobre la cobertura de la plaza de secretario municipal, ya que el Consistorio justificó el retraso en el trámite en la falta de este personal. En la nueva comunicación entre el ente local y el tribunal, el ayuntamiento de Carboneras asegura que ya tiene la plaza cubierta de secretario pero ahora carece de arquitecto, aunque afirma que ha solicitado asistencia técnica a la Diputación de Almería para dar respuesta a los requerimientos.

Concretamente, en una nueva providencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo requiere al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), para que, ante tal situación, informe "cada diez días" de las actuaciones que se lleven a cabo por parte de la Unidad de Asistencia a Municipios del Área de Urbanismo de la Diputación.

Más requerimientos de la jueza al alcalde de Carboneras

El alcalde de Carboneras también tendrá que informar a la magistrada que instruye el caso, María del Mar Jiménez Morera, sobre la identidad de la autoridad o del funcionario de la unidad que asumirá la prestación con la que se pretende dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.

El tribunal solicitó la corrección de varios aspectos que fueron advertidos tanto por las organizaciones ecologistas como por la Junta de Andalucía para una plena modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Carboneras, entre ellos, la "publicación" de la normativa urbanística "corregida" en ejecución de sentencia.

Esta era una de las principales cuestiones que interesaban los demandantes, quienes entendían que el Ayuntamiento había limitado a llevar el contenido de la sentencia, que le obligaba a declarar no urbanizables los suelos, a los instrumentos técnicos del planeamiento sin de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.

Otro de los aspectos que solicitaba el TSJA era hacer desaparecer la inclusión de 'El Canaillar' como suelo urbanizable vigente, así como otras menciones ligadas a este aspecto.

El Ayuntamiento dice tener "voluntad inequívoca" por resolverlo

El consistorio de Carboneras sigue alegando problemas con El Algarrobico y en la comunicación del pasado 7 de febrero explicaba que a principios de enero expiró el convenio de colaboración que mantenía con el Ayuntamiento de Garrucha para, mediante una encomienda de gestión, poder realizar funciones en materia urbanística a través de su arquitecto.

En este sentido, el Consistorio carbonero ha asegurado que ya se tramita un nuevo convenio entre ambos ayuntamientos que le permita disponer del arquitecto municipal de Garrucha durante 14 horas a la semana aunque, para dejar patente su "voluntad inequívoca" de dar cumplimiento a lo acordado por el TSJA, se ha solicitado de forma paralela la asistencia a la Diputación.

En el escrito también expresa que "se han demorado en el tiempo" debido a su "gran carga de trabajo", por lo que dicho recurso "no supone finalizar con la situación de bloqueo" o atender las necesidades que surjan "de forma urgente o imprevisible".

Greenpeace  los cuatro años de retraso

Este último pronunciamiento judicial llega pese a las quejas formuladas por los colectivos ecologistas, quienes han incidido en que "hace unos cuatro años" que se tramita la pieza de ejecución destinada a modificar el PGOU "sin que el Ayuntamiento de Carboneras haya mostrado interés en cumplir la sentencia".

Así, desde Greenpeace se ha insistido de nuevo al tribunal para que sea el propio TSJA el que ejecute la sentencia "dado el tiempo transcurrido" así como "los subterfugios utilizados" por el Ayuntamiento, el cual "no ha cumplido absolutamente ninguna de las numerosas sentencias relacionada con el hotel".

Para la organización, la concatenación de hechos le lleva concluir que el Ayuntamiento de Carboneras "no va a cumplir la citada sentencia", por lo que cree preciso que sea la Sala la que la lleve a cabo, si bien desde la misma da por oída a la parte y se atiene a la providencia a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con los pasos requeridos.