La Fiscalía cierra la puerta a reabrir el caso de Miguel Ángel Blanco, el concejal que marcó la lucha contra ETA
La justicia se resiste a dar un nuevo paso en la investigación del asesinato del joven político del PP a manos de ETA en 1997, pese a la petición de quienes buscan mantener viva su memoria.
Archivo - Una fotografía del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, durante un homenaje en la Escultura por las Víctimas del Terrorismo, a 10 de julio de 2024, en Ermua, Vizcaya, País Vasco (España).
Han pasado más de 27 años desde aquel julio de 1997 cuando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del Partido Popular en Ermua, conmocionó a España y unió a millones contra el terror de ETA. Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha dicho "no" a reabrir su caso, oponiéndose a los recursos presentados por el PP y las acusaciones populares de Dignidad y Justicia (DyJ) y la Fundación Villacisneros, que luchan por esclarecer la responsabilidad de los antiguos líderes de la banda terrorista.
En un escrito que lleva la firma de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, se pide al Alto Tribunal que deje el caso cerrado. ¿La razón? Los hechos, según la Fiscalía, ya han prescrito, un argumento que choca con el sentir de quienes aún ven en Miguel Ángel un símbolo de resistencia.
Sánchez Conde considera que no hay base legal para dar un paso atrás en el tiempo y reavivar la causa.
Sin embargo, no todos piensan igual. En febrero, la junta de fiscales de la sección penal del Supremo se inclinó por mayoría a favor de los recursos, mostrando su apoyo a reabrir el caso. Aquella decisión contrastó con el archivo decretado por la Audiencia Nacional, que ya había dado por zanjado el asunto también por prescripción. Ahora, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, mientras las heridas de aquel verano de 1997 siguen abiertas para muchos.
