El Gobierno no escucha a los Jueces y fiscales progresistas que le sugieren que pare su guerra con el Poder Judicial

Este Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, sigue en su particular batalla contra el Poder Judicial y, según fuentes de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, no atiende los consejos de aquellos a quienes consideran afines y que llevan meses sugiriendo que rebajen el tono porque la batalla abierta y descarnada contra el Poder Judicial "el Gobierno la tiene perdida", asegura uno de los miembros de esta Asociación.

Fuentes consultadas de los jueces progresistas argumentan que, siendo ciertas algunas rarezas en alguna instrucción que está en marcha (en concreto la del juez Juan Carlos Peinado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez), el Gobierno "no está siendo capaz de medir la tensión que existe ahora mismo en la carrera y el rechazo que ha llegado a generar en buena parte del colectivo, de muchos jueces que jamás se han metido en cuestiones políticas, pero ahora se sienten señalados también como colectivo".

No es una buena política la que está llevando a cabo Sánchez. Cada vez que señala a los jueces le han intentado soplar al oído al presidente del Gobierno pero, por el momento, quienes han lanzado esos mensajes directamente o por persona interpuesta, no han tenido ningún éxito.

Quizás lo intentó, en primer lugar, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, manifestando en cada una de sus declaraciones su respeto a las decisiones judiciales mientras, desde la mesa del Consejo de Ministros, su colega portavoz, Pilar Alegría, daba por cerrados casos, o incluso por inexistentes. Por sus hechos los conocerán y les están conociendo. Tanto que el colectivo está molesto, aunque se declare progresista.

La última manifestación del rechazo que se está produciendo a la estrategia del Fiscal General del Estado y, al Gobierno que le apoya incondicionalmente, ha dado en una salida de numerosos miembros de la carrera fiscal que estaban asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que también es miembro el propio Fiscal General. No quieren tener que ver con una asociación profesional que ha dado su apoyo incondicional al Fiscal General ante su forma de afrontar su imputación por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.

Uno de los que permanece, aparentemente impasible, afiliado a la UPF, comenta su incomodidad también y advierte que todo empezó muy mal cuando el presidente del Gobierno dijo aquello de "¿la fiscalía de quién depende?..¡pues eso!" (frase pronunciada por Pedro Sánchez en RNE). Este fiscal, progresista, niega la versión que circula según la cual Álvaro García Ortiz habría comunicado al Gobierno su intención de dimitir y dejar la Fiscalía General del Estado.

Esta es una decisión muy personal que no compete sino al propio Fiscal, ya que, una vez nombrado -salvo alguna cuestión extrema como una eventual condena con inhabilitación- es dueño de su destino los cinco años que tiene por delante de mandato. Según esta misma fuente, del entorno más próximo a García Ortiz, el Fiscal General "nunca se ha planteado dejar su cargo, se siente perseguido injustamente y quiere llegar hasta el final".

El final para el que se está preparando García Ortiz, según sus allegados, sería un recurso ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de que sea el Constitucional el que pueda enmendar la plana al Tribunal Supremo en caso de que la filtración de los datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso acabe en condena para el Fiscal General.