El Fiscal General busca que lo blanqueen

El pasado miércoles 29 de enero el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz fue al Tribunal Supremo a declarar como investigado por presunta vulneración de los derechos constitucionales de un ciudadano particular. Evidentemente el delito investigado es la revelación de secretos que se conocen por razón del cargo, tipificado en el artículo 197 del Código Penal, que pone de manifiesto que no puede revelarse información privada de un particular sin su autorización pudiendo llegar a unas penas de hasta cuatro años y en el caso de que la revelación se llevara a cabo por parte de una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su cargo, la pena prevista se impondrá en su mitad superior y además se podrá condenar con la inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

Esta es la conducta que se investiga y esa es la imputación que el Tribunal supremo ha efectuado contra el Fiscal General del Estado. En una democracia que se precie es terrible comprobar que el encargado de que se cumpla la legalidad y en consecuencia de que persiga el delito esté siendo investigado por cometer un delito muy grave, como es poner a la Fiscalía a disposición del Gobierno para perseguir a rivales políticos.

La defensa del Fiscal General es llevada a cabo por la Abogacía del Estado y este dato, además de ser sorprendente, pone de manifiesto el interés del Gobierno en que este delito no se investigue. La estrategia gubernamental es evidente ya que tiene su base en atacar la independencia de los jueces y la existencia de lawfare en el Tribunal Supremo, como viene repitiendo de forma insistente el propio ministro de Justicia y jefe de la abogacía del estado, Félix Bolaños. Por ese motivo el Fiscal General se negó a responder a las preguntas del juez, estrategia que es la empleada por muchos delincuentes tanto en el juzgado de guardia como en las salas de vistas de juzgados y tribunales.

Esta línea de defensa, la de que la Justicia española es prevaricadora y en consecuencia facha, es demoledora en un Estado de Derecho ya que intenta deslegitimar la acción de los jueces por parte de aquel que tiene obligación legal de defender siempre la independencia de jueces y magistrados como le obliga el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Por eso Álvaro García Ortiz no puede seguir un minuto más en la Fiscalía General, y en consecuencia menos aún en cualquier otra fiscalía porque está inhabilitado para cumplir con su juramento o promesa de defender la ley en cualquier rincón de España.

No hay que olvidar que en un primer momento fiscales de su propia órbita llegaron a afirmar que el Fiscal General tenía la obligación de revelar la negociación del abogado de un particular, planteamiento que fue destrozado por la declaración de la Fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra que ha afirmado en sede judicial, que le advirtió a su superior y a su inferior la también investigada fiscal provincial de Madrid, que se podía incurrir en un grave delito.

Tras fracasar esta línea de defensa se optó por acusar al jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de difundir mentiras en defensa de un particular e incluso se llegó a afirmar por parte de los periodistas del régimen que tras su declaración como testigo sería imputado, olvidando que el tipo penal pone de manifiesto que la revelación debe ser en contra de la voluntad del particular.

Tras fracasar esta segunda estrategia y ante la evidencia, como indicio inculpatorio, del borrado de los mensajes y el cambio de móvil, Álvaro García Ortiz ha iniciado la tercera línea defensiva y en este caso es intentar anular el registro de su despacho oficial, pensando no en el Supremo sino en la estrategia que llevará a cabo ante el Constitucional y ya buscando el blanqueamiento de su amigo Cándido Conde Pumpido.

Esta nueva estrategia pone de manifiesto que el Fiscal General asume que va a sentarse en el banquillo del Supremo, y que prefiere seguir la senda de Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez condenados por el robo de más de 600 millones de euros en los ERES de Andalucía y acudir al blanqueamiento de Cándido, que es el que lava más blanco en España y siempre usando el blanco gubernamental.

Si para ese blanqueamiento tiene que arrastrar el prestigio de la fiscalía o tiene que atacar a los jueces españoles, a Álvaro García Ortiz le da igual, por que lo importante es salvar a España de los "jueces prevaricadores" y de paso escapar de la cárcel como intentan hacer todos los días los delincuentes de este país con argumentos similares. Pero como dijo el autor griego Menandro, fallecido el 290 antes de Cristo, "el hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, si no el que pudiendo ser injusto no quiere serlo". El aún Fiscal General pudiendo ser justo prefirió no serlo, por eso está siendo investigado y por eso existe la probabilidad de que se siente en el banquillo de los delincuentes del Tribunal Supremo.