La Abogacía del Estado, bufete particular al servicio privado de Pedro Sánchez

Sabemos que Pedro Sánchez utiliza las instituciones del Estado a su servicio. O eso pretende. La Abogacía general del Estado no iba a ser una excepción. Hay que decir que esta institución no funciona como la Fiscalía General, que es independiente o debe serlo. La Abogacía está subordinada al Gobierno. Pero siempre para defender el interés general, no para defender el interés particular del presidente del Gobierno. Es la Abogacía del Estado, no la abogacía del Gobierno

Es de dudosa legalidad y de clara inmoralidad que Pedro Sánchez utilice a la Abogacía del Estado para ponerle una querella al juez que investiga a su mujer. Ese es un asunto que tiene mucho más de privado que de público y no tenemos por qué pagarle los españoles el abogado a Sánchez. Que se lo pague él, como nos tocaría hacer a cada uno de nosotros. 

Esta polémica no anida sólo en el ámbito periodístico. La iniciativa de querellarse contra el instructor del caso Begoña Gómez levantó un mayoritario malestar en la Abogacía, donde se criticaba tanto el fondo como la forma de la acusación. Muchos lo interpretaron como un movimiento personal de Sánchez que además, decía, obligaba a la Abogacía a hacer poco menos que el ridículo con una querella que a todas luces estaba condenada al fracaso porque no había por donde cogerla. 

Cómo será la cosa que un grupo de abogados del Estado críticos con el uso partidista que hace Sánchez de la institución han decidido asociarse para, entre otras cosas, denunciarlo. Así, se ha creado la Asociación Profesional de Abogados del Estado con el objetivo de enfrentarse al poder y defender el Estado de derecho, es decir con el objetivo de plantar cara al presidente del Gobierno que destruye y corrompe todo lo que toca. Falta hace, desde luego, parar a este personaje.