La Justicia admite a trámite el recurso de Aragón contra la solicitud de información de menores

El conflicto entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central suma un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por la comunidad aragonesa contra la exigencia del Ministerio de Juventud e Infancia de facilitar información sobre los centros de menores. La decisión judicial abre la puerta a un proceso que podría marcar un precedente en la gestión de competencias autonómicas en materia de protección infantil.

Este requerimiento, realizado por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, es el primer acto administrativo derivado del reciente Real Decreto Ley del Gobierno de España, frente al cual el Ejecutivo aragonés ya había anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Junto con el recurso, el Gobierno Azcón ha solicitado la suspensión cautelar de la obligación de entregar la información requerida, alegando que su divulgación podría afectar la gestión autonómica de los centros de menores y vulnerar competencias propias de la comunidad. En respuesta, el TSJM ha abierto un procedimiento específico para resolver sobre esta medida cautelar, concediendo al Ministerio un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegaciones antes de tomar una decisión mediante auto, que podría ser objeto de recurso.

El Ejecutivo aragonés justifica su negativa a facilitar los datos invocando la jurisprudencia consolidada y la solicitud de suspensión cautelar formulada en sede judicial, argumentando que esta medida ampara su decisión hasta que se resuelva el fondo del litigio. Asimismo, subraya que la petición del Gobierno central se produce en un contexto de debate sobre la descentralización de competencias en materia de protección de menores y el papel de las comunidades autónomas en la gestión de estos recursos.

Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia defiende que la recopilación de estos datos es una medida necesaria para coordinar la atención y distribución de menores en el territorio nacional, en línea con la reciente normativa aprobada. No obstante, la oposición del Gobierno de Aragón refleja la tensión entre el Ejecutivo central y algunas comunidades autónomas en la aplicación de esta nueva legislación.

La resolución del tribunal en los próximos días será clave para determinar si el Gobierno de Aragón debe proporcionar la información solicitada o si se mantiene la suspensión hasta que se dicte una sentencia definitiva. Mientras tanto, el caso sigue generando expectación tanto en el ámbito político como en el judicial, dado su posible impacto en la distribución de competencias entre administraciones.