El PP denuncia el veto ilegal del Gobierno y pide aplazar la votación de la Ley de Desperdicio Alimentario
La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha eliminado estas modificaciones a pesar de que incluso el secretario general de la Cámara advirtió que esta decisión contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado (c), junto a otros miembros del partido.
El Partido Popular ha reclamado el aplazamiento inmediato de la votación de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, programada para este jueves en el Congreso, hasta que se resuelvan los recursos presentados contra el veto irregular impuesto por el Gobierno a enmiendas ya aprobadas en el Senado. Los populares denuncian que esta artimaña del Gobierno atenta contra la democracia parlamentaria y exigen que se respete el procedimiento legal antes de seguir adelante con la votación.
El Ejecutivo de Sánchez intentó bloquear en el Senado una serie de enmiendas alegando que afectaban a los presupuestos en curso. Sin embargo, la Cámara Alta permitió su debate y las aprobó democráticamente. Entre ellas, destaca una propuesta del PP para reducir el IVA de ciertos alimentos y otra de Junts y ERC para extender la vida útil de plantas de purines y asegurar sus ayudas.
Cuando estas modificaciones llegaron al Congreso, la Mesa, dominada por PSOE y Sumar, desoyó la decisión del Senado y eliminó las enmiendas que el Gobierno quería frenar, desvirtuando así el proceso legislativo. Esta maniobra se llevó a cabo a pesar de las advertencias del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien alertó que el veto era contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Tanto el PP como ERC y Junts han presentado escritos exigiendo la revocación de este bloqueo sin precedentes, argumentando que se trata de una decisión arbitraria e ilegítima. En este contexto, el PP ha solicitado que la votación de la ley se posponga hasta que se celebre una reunión urgente de la Mesa, en la que se estudien los recursos presentados y el informe de legalidad solicitado al secretario general del Congreso.