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TRASPASO DE COMPETENCIAS A CATALUÑA

Sánchez hace de portavoz de Puigdemont: vuelve a mentir, porque la ley no obliga a inmigrantes a parlar catalán

"El catalán es una lengua oficial de España. La delegación de competencias se rige por leyes estatales y por la Ley de Extranjería. La ley dice que hace falta un conocimiento de la lengua que se habla en esos territorios", ha asegurado el presidente, mirando con un ojo hacia Waterloo y con el otro a los republicanos de España.

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont besándose en un grafiti en Barcelona

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont besándose en un grafiti en Barcelona

Abel Martín
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"Y sobre el acuerdo con Junts: partido a partido. El parlamento es el que es, ya lo sabemos, per tendremos que hablar, negociar y dialogar con otros grupos parlamentarios para sacar una ley que contiene una delegación de competencias". No puede evitar la sonrisa incómoda el presidente del Gobierno cuando tiene que abordar ante los medios de Comunicación -desde Bruselas- la cuestión sobre el traspaso del control de fronteras e inmigración a Cataluña.

"El catalán es una lengua oficial de España. La delegación de competencias se rige por leyes estatales y por la Ley de Extranjería. La ley dice que hace falta un conocimiento de la lengua que se habla en esos territorios", ha subrayado el presidente.

Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que su capacidad para el malabarismo político no tiene límites. En su última pirueta discursiva, ha asegurado que la Ley de Extranjería ya exige que los inmigrantes conozcan el catalán, en un intento burdo de contentar a sus socios independentistas sin comprometerse formalmente a imponer esa obligación. Pero, ¿es cierto lo que dice el presidente del Gobierno, o estamos ante otra de sus maniobras de prestidigitador?

Sánchez miente, de nuevo

El líder socialista huye de la verdad -como su socio huyó de España-. El jefe del Ejecutivo miente sin ponerse colorado, porque el texto no indica lo que Sánchez y Puigdemont pretenden. El presidente del Gobierno intenta vender como un hecho consumado algo que, en realidad, es una interpretación sesgada. La Ley de Extranjería establece requisitos de integración para la obtención de la residencia o la nacionalidad, pero en ningún caso impone el conocimiento obligatorio del catalán. Menciona el "esfuerzo de integración", que puede incluir el aprendizaje de la lengua, pero no como condición innegociable.

Entonces, ¿por qué Sánchez afirma lo contrario? La respuesta es simple: por siete votos, que diría Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE necesita al independentismo catalán. Con los siete diputaos de ERC y con los otros siete de Junts, la Moncloa está asegurada. Sánchez puede mantenerse en el poder y está dispuesto a moldear la realidad a su conveniencia.

Con esta declaración, el presidente intenta desactivar la presión del independentismo catalán, que exige medidas más contundentes para reforzar el catalán frente al español. Al mismo tiempo, busca evitar una reforma legal que podría desatar una tormenta en el resto de España. Su estrategia es clara: dar la razón a todos sin hacer nada concreto.

Pero esta maniobra tiene un problema, porque la realidad choca con su discurso. Esquerra quiere blindar el catalán en todos los ámbitos, incluyendo la inmigración, y las palabras de Sánchez son solo un parche temporal que no satisface a nadie. Mientras tanto, el Gobierno juega con fuego en un debate muy sensible y del que está cada día más cerca de quemarse.

Sánchez critica a sus socios

El líder del PSOE, ha respondido además a las críticas de sus propios socios parlamentarios, que, como una parte de Sumar, se han mostrado en contra del pacto PSOE-Junts o, en el caso de Podemos, han llegado a tildarlo de "racista".

"Yo, desde luego, creo que es un avance y así tiene que ser visto por los grupos parlamentarios. No deja de ser curioso que algunos grupos que están diciendo que no a esto, se autodenominen plurinacionales", ha lanzado después de elogiar un acuerdo que a su juicio supone un avance en la "cogobernaza" y en el desarrollo del Estado autonómico.

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