El fiscal general defiende la imparcialidad del Ministerio Público ante las críticas de la oposición
El máximo responsable de la Fiscalía asegura que su institución actúa "exclusivamente" conforme a la ley y rechaza cualquier tipo de injerencia política en su labor.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada a la comparecencia en la Comisión de Justicia, en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). García Ortiz comparece para presentar la Memoria anual de la Fiscalía referida a 2023. Es la primera vez que acude a las Cortes Generales desde que el Tribunal Supremo (TS) le imputó por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press 18 FEBRERO 2025;FISCAL;GARCÍA ORTIZ;COMPARECENCIA;FISCAL GENERAL DEL ESTADO; 18/2/2025
El fiscal general del Estado ha reafirmado este lunes el compromiso de la Fiscalía con la imparcialidad y el respeto a la legalidad vigente, en un contexto marcado por los ataques de la oposición y el creciente debate sobre la independencia del poder judicial. "Nuestra actuación está sometida únicamente a la ley, sin presiones ni condicionamientos externos", aseguró en su intervención.
Las declaraciones del fiscal general llegan en un momento de especial tensión política, con sectores de la derecha denunciando un uso partidista de las instituciones del Estado por parte del actual Gobierno. A pesar de ello, desde la Fiscalía insisten en que su labor no se ve influida por intereses ajenos al derecho y la Constitución.
Sin embargo, diversos expertos y juristas han señalado en los últimos meses la necesidad de reforzar los mecanismos de control para garantizar una auténtica separación de poderes. La independencia judicial sigue siendo una de las principales preocupaciones de una parte de la sociedad, que observa con recelo ciertos nombramientos y decisiones adoptadas en los últimos años.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su postura firme: su única guía es la ley, y cualquier intento de poner en duda su imparcialidad responde, según su máximo representante, a estrategias políticas alejadas de la realidad del trabajo que desempeñan los fiscales en defensa del ordenamiento jurídico.