Torres considera que "no era necesario" llegar al protocolo de menores migrantes, anulado por el TC

En sus declaraciones, Torres defendió que la situación de los menores no justificaba la implementación de este protocolo, que permitía su acogida sin un control exhaustivo, algo que ahora ha sido invalidado por el máximo tribunal del país.

La anulación del protocolo, que había sido adoptado por el Gobierno regional para atender el flujo de menores migrantes no acompañados, ha generado un amplio debate sobre las políticas migratorias en las Islas Canarias. Muchos sectores de la derecha, que han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de control y las implicaciones para la seguridad y bienestar de los ciudadanos, celebran el fallo del TC como una victoria para la protección de los derechos de los menores y la justicia social.

Para Torres, la decisión del Tribunal Constitucional supone un respaldo a la necesidad de abordar la migración de manera más rigurosa y centrada en el respeto a las leyes nacionales. La política de acogida sin las debidas garantías de identificación y seguimiento, advierten los críticos, podía dar lugar a situaciones de vulnerabilidad tanto para los menores como para la población local.

Este fallo abre una nueva etapa en la que se espera que las administraciones tomen decisiones más prudentes y equilibradas, sin caer en el voluntarismo que ha caracterizado en ocasiones a la gestión migratoria de los últimos años. La postura de Torres refuerza la idea de que la gestión de la inmigración debe realizarse bajo estrictos parámetros legales y de seguridad, priorizando siempre el interés de los menores y evitando la sobrecarga de los servicios sociales y sanitarios.

En un contexto donde las políticas migratorias continúan siendo un tema de polarización, la anulación de este protocolo refleja la necesidad de un enfoque más realista y ajustado a la legislación española, que respete tanto los derechos de los inmigrantes como la capacidad de los recursos del estado.