El trabajo del lobby español ante Europa para aliviar a independentistas catalanes

Aseguran desde altas instancias judiciales que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está a punto de hacer pública su respuesta al recurso interpuesto en su día por el ex viceconsejero del Gobierno de la Generalitat y actual líder de ERC (habitual socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez) Oriol Junqueras. Esa sentencia le condenaba, junto con otros miembros del gobierno catalán, a 13 años de prisión y también de inhabilitación total para cargo público. Posteriormente, tanto Junqueras como el resto de condenados, fueron indultados parcialmente, de la pena de prisión, no así de la inhabilitación.

El caso es que, según las fuentes consultadas - tanto del ámbito judicial como del propio Ejecutivo español - se espera que el Tribunal europeo anule o rebaje sensiblemente el sentido de la condena impuesta en su día por el Tribunal Supremo. Todas las instancias consultadas por este diario afirman que, pese a que, por escrito, el Gobierno de Sánchez apoyó en su día la sentencia del Tribunal Supremo, asegurando que fue dictada por un 

"Tribunal competente" y que "fue proporcional a la gravedad" de los hechos cometidos, ha habido una estrategia llevada a cabo de forma verbal y personalizada para aliviar la situación de los independentistas condenados y allanar el terreno para un aval europeo a la Ley de Amnistía.

Ese texto, con el que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez parecía respaldar el trabajo del Supremo español, recogía asimismo un párrafo en el que aseguraba que "la supresión de la sedición y la modificación de la malversación no alteran que la sentencia fue respetuosa con el Convenio Europeo de DDHH". Sin embargo, según todas las fuentes consultadas, el Ejecutivo no ha perdido ocasión de hacer llegar otra "versión" y otra "sensibilidad" al TEDH, a través de distintas vías.

No solo miembros del Gobierno han hecho llegar a sus homólogos europeos que la situación ahora es distinta: que los condenados fueron indultados, hecho que fue aceptado mayoritariamente por la ciudadanía española y que ha ayudado a pacificar el conflicto catalán y emprender un proceso de normalización que – trasladan a sus interlocutores- se ha convertido en imprescindible para la convivencia. 

También, según fuentes judiciales presentes en algún momento en el que se trasladaban estos contenidos, miembros del Tribunal Constitucional español han hecho llegar a magistrados de distintos países e incluso a la que fuera presidenta del TEDH, la irlandesa Siofra O´Leary, esos mismos mensajes, así como desde la esfera diplomática se han circulado esas percepciones por distintas cancillerías.

El Gobierno y diferentes instancias (diplomáticas y judiciales) han querido "contextualizar", según las más comedidas de las fuentes consultadas, cuando no "influir" en la decisión que está a punto de hacerse pública, así como en la que pueda llegar en el futuro sobre la Ley de Amnistía.

Todo ello -según estas mismas fuentes- sin que la española María Elósegui, catedrática de filosofía del Derecho y miembro del TEDH, nombrada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, haya tenido un papel especialmente proactivo en pasillos y corrillos en los que han circulado esos mensajes.

Personalidades de la esfera judicial, buenas conocedoras de la forma de actuación y funcionamiento de los miembros de estos tribunales europeos, advierten que, en buena medida, las opiniones y advertencias de sus colegas, que ejercen en el país en el que se está cuestionando una determinada decisión, así como las de los propios Gobiernos suelen influir en la toma de posición última de los diversos miembros del TEDH.

Por todo ello, las quinielas, apuestas y predicciones, de quienes presumen de estar bien informados en estos momentos, se inclinan por vaticinar que el TEDH se dispone a enmendar la plana al Tribunal Supremo español, sabedores de la existencia de un lobby judicial-gubernamental español que ha trabajado con tenacidad para que así sea.