Madrid pide eliminar el IVA en alimentos básicos para familias vulnerables

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la eliminación del IVA en los alimentos básicos adquiridos con las tarjetas monedero destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Esta petición, anunciada por el Ejecutivo regional, busca reducir la carga económica sobre las familias con menos recursos en un contexto de inflación y encarecimiento de la cesta de la compra.

Desde el Gobierno autonómico argumentan que estas tarjetas, diseñadas para que las personas vulnerables puedan comprar alimentos y productos de primera necesidad, deben contar con una exención fiscal que maximice su impacto. “Es una medida de justicia social que garantizaría que la ayuda llegue de manera íntegra a quienes más la necesitan”, han defendido fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

La propuesta se enmarca en las iniciativas de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis económica que afecta a los hogares con menos ingresos. Según datos del Ejecutivo regional, más de 30.000 familias en la región se benefician de estas tarjetas, que permiten adquirir productos esenciales en supermercados y tiendas de alimentación.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha respondido a la solicitud, aunque la eliminación del IVA en productos básicos ha sido objeto de debate en los últimos meses. Actualmente, algunos alimentos como el pan, la leche, los huevos o las frutas ya cuentan con un IVA reducido del 0% tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir la inflación.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que esta exención debe extenderse específicamente a las compras realizadas con tarjetas monedero, con el objetivo de optimizar el apoyo a las personas en riesgo de exclusión social. "No tiene sentido que una ayuda destinada a los más necesitados termine gravada con impuestos. Pedimos sensibilidad y acción inmediata al Gobierno central", han afirmado fuentes del Ejecutivo madrileño.

Mientras tanto, organizaciones sociales han respaldado la medida, señalando que el encarecimiento de los alimentos sigue afectando de manera desproporcionada a las familias con menos recursos. La decisión ahora queda en manos del Gobierno, que deberá valorar la viabilidad de esta propuesta y su impacto en las cuentas públicas.