Toda la Administración está llamada a seguirla
Se acabó la paciencia, CSIF convoca huelga el 13 de febrero por la falta de acuerdo en Muface
La Ministra Mónica García, que provocó este conflicto y que todavía no ha dado una solución, mantiene el silencio que está desesperando al millón y medio de funcionarios que quedarían sin la cobertura que disfrutaban hasta el momento.
Miembros del sindicato CSIF manifestándose en las sedes andaluzas de Muface por la suspensión de la cobertura que mantenían hasta que la ministra Mónica García decidió cambiarla sin proponer una solución alternativa.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado este martes la convocatoria de una huelga en las administraciones públicas para el día 13 de febrero por la situación de Muface, después de que el organismo haya anunciado que se modificarán las condiciones de la segunda licitación del concierto sanitario.
"Vamos a parar la Administración del Estado", ha indicado este martes en declaraciones a la prensa y tras la reunión de su Consejo Sindical.
De esta manera, CSIF ha llamado a la huelga a todos los funcionarios afectados: más de medio millón de funcionarios de centros escolares y universitarios de toda España, funcionarios de la Administración del Estado, ministerios, organismos oficiales y las dependencias adscritas, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
"Hasta que no veamos que el concierto (de Muface) salga adelante de manera fehaciente (...) No descartamos seguir con la presión si no da resultado", ha recalcado Borra.
La plataforma intersindical en defensa de Muface apremia para que se resuelva el conflicto
La Plataforma Intersindical frente al Colapso Sanitario, surgida por la crisis de Muface, pide una solución para la incertidumbre de miles de funcionarios por la demora del acuerdo entre Gobierno y aseguradoras y piden a ambos actores que sean responsables para "proteger la salud de los funcionarios y sus familias".
La plataforma, a la que se adhirió la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones la semana pasada y que incluye entre otras al Sindicato Unificado de Policías y a Anpe, mantuvo este lunes una reunión para valorar la paralización del concurso y el nuevo intento de negociación, que esperan que sea "rápido y definitivo".
Asimismo, asegura que la medida legal para prorrogar los servicios hasta el 1 de abril no ha solucionado los problemas de los mutualistas y se han registrado "casos de dilación y cancelación en la prestación de servicios".
La plataforma se mantiene a la espera de la comparecencia del ministro Óscar López mañana en el Senado, en la que esperan que "arroje luz de una vez por todas" y fije la fecha la resolución de la crisis con las aseguradoras.
En este contexto, mantienen su calendario de acciones hasta que "que tengamos alguna certeza sobre la resolución satisfactoria de este conflicto" y se mantenga la asistencia sanitaria a todos los mutualistas "como hasta ahora se hacía".
La negativa de las aseguradoras a aceptar una propuesta que actualmente prevé un alza en las primas del 33,5% a tres años (unos 4.500 millones de euros adicionales), muy lejos del 40% que exigen las aseguradoras.
De las tres compañías que venían prestando el servicio -Adeslas, Asisa y DKV-, actualmente solo Asisa se mantiene formalmente en la carrera, aunque a lo largo de la semana pasada hubo avances «significativos», según fuentes de las aseguradoras.
Paralelamente, hoy Csif ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las situaciones de desatención sanitaria que ya están sufriendo los funcionarios de Muface, que a esta hora es quizá el problema más sangrante.
Igualmente, el sindicato ha asegurado que respaldará las posibles acciones jurídicas que se deriven de las reclamaciones de los afectados, ya sea en la vía administrativa, civil o penal.
Asimismo, exigen al Gobierno que convoque de manera inmediata al Consejo General de Muface para analizar la situación, y que publique el informe elaborado por la AIReF sobre la eficiencia del sistema de mutualidades y los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno tampoco ha hecho públicos.
Todo esto, en lo que refiere al concierto sanitario a nivel nacional, porque a esto habría que añadir lo que sucede con los empleados públicos en el extranjero que reciben asistencia de Muface Internacional, unos 8.000. Como ya se ha dicho, el sábado, haciendo uso de los plenos poderes que le ha dado Sánchez, el ministro Óscar López suspendió el plazo de presentación de ofertas y modificó los pliegos, tras unas negociaciones con Adeslas que parece que han avanzado.
Sin embargo, no hizo lo propio con el contrato para los funcionarios que están en el extranjero, de lo que se deduce que, quizá, a alguna aseguradora le ha convencido la oferta, que en ese caso es de 71,6 millones hasta 2027.
Para este contrato, DKV pedía un aumento de la prima al menos del 30,35% y solo para un año frente al 33,5% a tres años que propuso el Gobierno.