Las prioridades del Gobierno de Sánchez: 0 euros para evitar la dana Vs 8'5 millones para maquillar la sede de la CHJ

El alto riesgo de inundación de Valencia era conocido por el Gobierno del PSOE, pues desde legislaturas pasadas estaban previstas varias obras que, como han indicado los expertos, habrían evitado o al menos minimizado la devastadora riada del 29 de octubre que acabó con la vida de 2225 personas. Pero el Gobierno de España no solo no acometió estas inversiones como el conocido desvío del barranco del Poyo, sino que durante todo su mandato no ha inyectado ni un solo euro en ningún trabajo antirriadas. 

En su lugar, el Ejecutivo central sí ha destinado , por ejemplo, 8,5 millones de euros para reformas en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar -la entidad responsable de los caudales- ubicada en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. Fue poco antes de la dana, cuando a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que dirige Hugo Morán, se gastó esa millonada en la 'mejora de la eficiencia energética' del edificio.

Concretamente, el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica, ha licitado obras en la Comunitat Valenciana por valor de 378,6 millones de euros, según las cifras oficiales accesibles en la plataforma de la Cámara de Contratistas. De ese montante, 37,2 millones han ido destinados a actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). ¿En qué se ha gastado? Pues ni un euro para inversiones clave de prevención de inundaciones. 

En su lugar, se han destinado 25.524,96 euros para cambiar las farolas de dos embalses de Algar y Regajo; 48.375,80 euros en cambiar luces de emergencia, baterías y mantenimiento de la red eléctrica; 33.154,00 euros para instalaciones en el laboratorio en Presa de Beniarrés; 48.387,90 euros en un contrato Menor de Obras de reparación de fugas en tramos descendentes de sifones del canal de la margen izquierda del río Magro; revisiones y adecuaciones anuales ordinarias de instalaciones eléctricas de las presas de Alicante y Bellús por 48.279,00 euros; un contrato Menor de Actuaciones de movilización de sedimentos en el Río Villahermosa de 47.974,81 euros; obras de nuevo acceso al Sifón de Loriguilla por 1.091.121,20 euros; y la adecuación integral de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. en Alicante 346.854,61 euros.

En definitiva, la CHJ ha priorizado en 2024 sus inversiones en cuestiones menores como arreglar sus sedes antes que, por ejemplo, haber invertido antes en la conservación y mantenimiento de estas ramblas, unas obras e inversiones que no hizo y que podían haber minimizado y reducido el impacto de las riadas. O en el Sistema de Alerta Temprana, un sistema que sí tiene otras confederaciones hidrográficas, como la del Ebro, y que según el propio Gobierno, es el único dispositivo de decisión que “salva vidas” en caso de inundaciones y riadas.

En todo el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, sólo ha empezado a invertir ahora de forma reactiva y únicamente para reparar los daños causados por la dana tras la catástrofe. Desde el 29-O se ha presupuestado 84 millones para reparar lo dañado en la riada, pero desde 2018 hasta 2024 no ha invertido nada. Cabe recordar además que la CHJ ya ha reconocido cuatro meses después de la tragedia que el motivo es que la Ley de la Huerta (impulsada por el Botánico de Ximo Puig y Compromís) impidió ejecutar las obras del barranco del Poyo.

Además, el Gobierno reconoció también en 2021 que el proyecto de acondicionamiento del barranco del Poyo y del barranco de La Saleta también se habían paralizo por los recortes presupuestarios. Concretamente dijo por “falta de disponibilidad presupuestaria”. Sin embargo, vemos posteriormente que sí había dinero para afrontar las obras, ya que se han gastado muchos fondos en trabajos no prioritarios, como el acondicionamiento energético de la sede de la CHJ en Valencia (se adjunta pantallazo del documento del Ministerio sobre la paralización de los proyectos del Poyo y la Saleta)