“Del que quiera ayuda, que la pida”… Pero luego, que se las vea para recibirla

La famosa frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “del que quiera ayuda, que la pida”, se ha convertido en todo un símbolo de la desconexión entre las instituciones y la realidad de la ciudadanía.

En teoría, solicitar una ayuda debería ser suficiente para recibirla si se cumplen los requisitos. Sin embargo, la práctica demuestra que en algunas administraciones este proceso está plagado de trabas burocráticas, desigualdad de criterios y una gestión arbitraria que pone en duda la verdadera finalidad de estas ayudas.

Este problema no es exclusivo del Gobierno central; lo tenemos aquí mismo, en Sedaví.

En el último pleno municipal pregunté directamente al alcalde si podía certificar que todas las ayudas concedidas del fondo donado por la Fundación Amancio Ortega cumplían escrupulosamente las bases aprobadas por el equipo de gobierno. Porque las bases están para respetarlas. Si se establecen unos criterios, deben aplicarse de manera justa y sin excepciones. Y la administración debe ser la garante de que esto sea así.

Sin embargo, lejos de ofrecer una respuesta clara, el alcalde optó por el silencio y las evasivas, dejando en el aire una cuestión fundamental: ¿se están gestionando correctamente las ayudas o no?

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Hay ciudadanos que las necesitan, que las han solicitado correctamente y que, sin embargo, se encuentran con obstáculos, cambios de requisitos y un trato desigual en función de criterios que nadie explica. A algunos se les exige una documentación y a otros, otra distinta.

Pero, además hay un hecho todavía más llamativo: la resolución de las ayudas, los pagos y la respuesta a alegaciones se producen, curiosamente, siempre el día antes del pleno municipal. ¿Casualidad o tacticismo político? Lo cierto es que esta práctica impide que quienes han tenido problemas en la tramitación puedan acudir al pleno a exigir explicaciones. En lugar de una gestión clara y efectiva, parece que el objetivo es acallar posibles críticas y tapar bocas con pagos de última hora.

Lo mínimo que se debe exigir a cualquier administración es que garantice un reparto respetando las bases aprobadas por ellos mismos.

La gestión de las ayudas no puede convertirse en un laberinto burocrático que desespera a quienes más las necesitan ni en una herramienta política para eludir responsabilidades. Si de verdad queremos un sistema de ayudas justo, la transparencia y la objetividad deben ser la prioridad. Lo contrario es traicionar la confianza de los ciudadanos y jugar con las necesidades de quienes más apoyo requieren.