Los Fondos Europeos, el gran balón financiero desconocido

En el actual contexto de transformación económica, social y tecnológica, la Unión Europea ofrece a los Estados miembros una oportunidad histórica a través de un amplio abanico de herramientas jurídicas, estimadas en más de 50, diseñadas para financiar proyectos clave en áreas estratégicas. Estas herramientas, esenciales para potenciar la competitividad de las empresas, respaldar a los autónomos, mejorar las condiciones laborales y fomentar el desarrollo de los estudiantes universitarios, requieren no solo conocimiento, sino también una gestión ágil, estratégica y orientada al largo plazo.

Para España, la clave no está únicamente en conocer la existencia de estos fondos, sino en garantizar que los mecanismos de captación y gestión recaigan sobre las instituciones más cercanas a los ciudadanos y las empresas. En este sentido, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas deben liderar la gestión de solicitudes y la implementación de proyectos, diseñando estrategias de trabajo ecaces, sostenibles y competitivas en el tiempo.

Es altamente conocido que la burocracia europea y española son dos campos farragosos que requieren de una asesoría estratégica en el 90% si se quiere hacer una relación financiera, fiscal, laboral o contractual con las administraciones públicas. No digamos para la presentación de proyectos con financiación mixta entre lo privado y lo público o entre diversas esferas públicas o incluso con pluralidad de mecanismos financieros de una misma o varias esferas públicas o incluso integrando también a la esfera privada… sin duda para la mayoría de lectores esto es un gran reto y desafío que por el nivel de complejidad deben ser asesorados en caso de necesitar este régimen nanciero mixto. Sin embargo cabría pensar que a nivel autonómico o a nivel provincial esto debería ser conocido… sin embargo, los máximos entendidos se van solo a los mecanismos más publicitados, dejando una inmensa masa financiera por explotar al no ser solicitadas. Y en este punto quiero recalcar que los dos principales partidos pecan de lo mismo, por lo que no es aplicable ningún esquema binomial de buenos y malos gestores en esta área.

Las diputaciones provinciales, como órganos intermedios de gestión, están en una posición privilegiada para canalizar los fondos hacia los municipios y las zonas rurales. Muchas localidades carecen de los recursos técnicos y humanos necesarios para navegar por la complejidad administrativa de los fondos europeos. Aquí, las diputaciones deben actuar como el motor principal del proceso, proporcionando asistencia técnica, asesoramiento y seguimiento.

Asimismo, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de coordinar proyectos de mayor escala y garantizar que las políticas regionales estén alineadas con los objetivos de desarrollo marcados por la Unión Europea. Su capacidad de identicar prioridades especícas para cada territorio es crucial para que los fondos se utilicen de manera estratégica y maximicen su impacto.

No basta con gestionar proyectos aislados; es necesario implementar modelos de planicación que permitan a las regiones anticiparse a futuras convocatorias y adaptar sus capacidades a las nuevas exigencias

En este nuevo paradigma, resulta imprescindible que ambas instituciones diseñen estrategias de trabajo a largo plazo. No basta con gestionar proyectos aislados; es necesario implementar modelos de planicación que permitan a las regiones anticiparse a futuras convocatorias y adaptar sus capacidades a las nuevas exigencias. Estas estrategias deben incluir la formación continua del personal técnico, la creación de redes de colaboración público-privadas y la digitalización de los procesos administrativos para garantizar agilidad y transparencia.

Aunque las diputaciones y comunidades autónomas asuman el protagonismo en la gestión, el Gobierno de España tiene la responsabilidad de establecer un marco normativo que facilite el acceso a los fondos y promueva la cooperación interinstitucional. Además, debe asumir el liderazgo en la definición de prioridades nacionales, asegurando que las estrategias locales y regionales contribuyan a objetivos comunes, como la transición energética, la digitalización y la cohesión social.

El Gobierno debe actuar también como un garante de la competitividad. Esto implica simplicar los procedimientos administrativos, fomentar la formación en normativa comunitaria y crear incentivos para que los actores implicados trabajen de manera coordinada. Un enfoque descentralizado no implica abandonar la supervisión; por el contrario, requiere una mayor capacidad para evaluar resultados y corregir desviaciones.

Es un modelo de gobernanza multipolar, complejo en su funcionamiento y que requiere de un aspecto fundamental: la voluntad política de los grandes partidos a tal efecto. Hay que recordar que España es un Estado con competencias repartidas a todos los niveles internos y externos… lo que hace dicultar la mayoría de proyectos y de competencias compartidas entre administraciones. Por otro lado, existen fórmulas para resolver esta complejidad mediante la cooperación leal entre instituciones, la eciencia nacida de la cooperación leal que acelere los procesos y la necesaria buena acción diligente de todos los intervinientes en cada proyecto.

Las diputaciones y comunidades autónomas deben asumir un rol pedagógico, comunicando de manera clara las oportunidades disponibles, simplicando los procedimientos de acceso

El éxito de esta estrategia se medirá por su impacto en los beneficiarios nales: Empresas que busquen innovar, autónomos que aspiren a crecer, trabajadores que demanden condiciones más dignas y estudiantes que necesiten oportunidades para desarrollarse deben percibir los fondos europeos como un recurso accesible y efectivo. Para lograrlo, las diputaciones y comunidades autónomas deben asumir un rol pedagógico, comunicando de manera clara las oportunidades disponibles, simplicando los procedimientos de acceso y poniendo a disposición su capital humano contratado a tal efecto.

En un mundo globalizado y competitivo, la capacidad de España para captar y gestionar fondos europeos será determinante. Sin embargo, esto no se logrará sin un esfuerzo colectivo y coordinado. Las diputaciones y comunidades autónomas tienen la oportunidad de liderar un cambio estructural que no solo aproveche los recursos disponibles, sino que también transforme la manera en que entendemos la relación entre lo local, lo regional y lo europeo. Y con lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia con la DANA y su Riada… para la ciudadanía valenciana afectada le resulta vital para su recuperación de forma ecaz, estratégica, preventiva y vanguardista. Diseñar estrategias ecaces y sostenibles en el tiempo no es una opción, sino una necesidad imperiosa de las administraciones públicas para desarrollar la seguridad, el bienestar ciudadano y la robustez de los mecanismos de nanciación a empresas y autónomos.