Turismo masificado: el conflicto entre desarrollo económico y el derecho a un entorno sostenible

Sin duda, el turismo es una de las más importantes fuentes de ingresos para muchas regiones de España, desde las ajetreadas y vibrantes calles de Barcelona o Madrid, a las soleadas costas del Mediterráneo.

No obstante, en los últimos años, el creciente fenómeno del turismo de masas ha comenzado a mostrar su cara oscura, generando conflictos entre el necesario desarrollo económico y el derecho a la sostenibilidad y habitabilidad del entorno.

Esta clase de turismo ha denotado tener un significativo impacto en la calidad de vida de los residentes habituales de las zonas donde el turismo es masificado. Ello, plantea desafíos jurídicos que habrían de ser urgentemente abordados.

Cuando el turismo se masifica en áreas concretas, puede conllevar la saturación del tráfico y de los servicios públicos circundantes, así como el desmesurado encarecimiento de la vivienda, tal y como ha ocurrido en Palma de Mallorca, Barcelona o Madrid, entre otras.

Los residentes habituales de estas zonas se enfrentan a una erosión de su calidad de vida y a la pérdida de su propio espacio personal, lo que nos lleva a plantearnos una cuestión jurídica importante: ¿se están protegiendo adecuadamente los derechos de los residentes frente al poder económico del turismo?

La Constitución Española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen y garantizan el derecho a la vivienda y a un entorno de vida adecuado, pero estos derechos se están viendo amenazados por la creciente especulación inmobiliaria, impulsada por las diferentes plataformas de alquiler vacacional, y por la presión del turismo masivo. Por ello, sin una regulación adecuada que proteja todos los intereses en juego, estos derechos básicos corren un riesgo real de ser relegados a un segundo plano.

El artículo 45 de la Constitución, entre otras cosas, prevé el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Ello implica la obligación del Estado de garantizar que las actividades económicas sean sostenibles, incluido el turismo.

Ante esta situación, y como consecuencia de una falta de regulación normativa, algunas localidades ya han comenzado a implementar medidas restrictivas tendentes a controlar el número de visitantes y a asegurar una convivencia sostenible entre residentes y turistas como la limitación de plazas hoteleras, la regulación del alquiler vacacional a través de licencias específicas, o el cobro de las conocidas tasas turísticas.

La gestión sostenible de la actividad turística ha de pasar por el buen hacer de las empresas de este sector, quienes tienen al respecto una responsabilidad significativa. No obstante, la actual normativa no siempre les obliga a asumir un papel activo en la protección del entorno y de la comunidad. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el resto de normativa relacionada, directa o indirectamente con el turismo, podría ampliarse para incluir obligaciones más estrictas sobre sostenibilidad y responsabilidad social.

Y es que, las empresas del sector turístico deben ser responsables no solo ante sus clientes, sino también ante las comunidades donde operan. Esto podría implicar la asunción de obligaciones como podría ser la de contribuir a las infraestructuras locales, invertir en iniciativas de preservación del patrimonio cultural y natural, y la de operar bajo adecuados estándares de sostenibilidad.

El conflicto entre los derechos de los residentes y los de los turistas es complejo. Mientras los turistas tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre y conocer nuevas culturas, los residentes también deben poder vivir en un entorno equilibrado y preservado. Por ello, es fundamental que el poder legislativo aborde una solución que recoja este necesario equilibrio entre estos derechos.

La implementación de impuestos ecológicos, como las ya referidas tasas turísticas que se destinen a la conservación del medio ambiente y el patrimonio, son una medida que ya se está adoptando en varios destinos. Además, la concienciación sobre un comportamiento cívico y responsable es clave para asegurar la sostenibilidad del turismo.

En Europa, ya hay ciudades que han logrado implementar con éxito estas medidas, como Venecia o Ámsterdam, y ello podría servir de modelo para España. No obstante, la clave está en adaptar estas estrategias al contexto específico de cada país e, incluso de cada localidad, garantizando que se respeten tanto los derechos de los residentes como los de los turistas.

No podemos olvidar que el turismo, hoy en día, es un fenómeno global y que gran parte de las regulaciones y mejores prácticas pueden provenir del derecho internacional. Las normativas de la UNESCO sobre la protección de patrimonios mundiales, por ejemplo, ofrecen directrices que pueden resultar de notable utilidad para el legislador nacional a fin de regular de manera correcta cómo preservar los lugares de interés histórico y cultural frente al turismo descontrolado.

España, como una de las más importantes potencias turísticas del mundo, tiene la responsabilidad de liderar la implementación de políticas que no solo fomenten el crecimiento económico del sector turístico, sino que también protejan los derechos de sus ciudadanos y preserven su valioso patrimonio natural y cultural. Es hora de que el desarrollo turístico deje de verse como una dicotomía entre economía y sostenibilidad, y se aborde desde una perspectiva que integre y equilibre ambos aspectos en beneficio de todos.

(*) Mario de Diego forma parte del equipo jurídico de Chapapría-Navarro& Asociados