Reforma de la Justicia: que nos pillen confesados

La Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que va a entrar en vigor el próximo día 3 de abril en los ámbitos civil y mercantil en cuanto a las reformas fundamentales se refiere, nos tiene a muchos profesionales de la Justicia con el susto en el cuerpo. Es auténtico terror lo que sentimos ante la que se nos viene encima. Hasta que interioricemos los cambios legales, seamos capaces de aplicarlos a nuestro día a día y se materialice la puesta en marcha de la nueva organización judicial pasará algún tiempo. Ya vivimos la experiencia del complejo cambio normativo que supuso la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de la que esperábamos tanto, y cuya ejecución material resultó ser un verdadero fiasco. Con la oralidad los procedimientos se alargaron, con la consecuencia de que el funcionamiento resultó ser menos eficaz que antes.

La confianza de los ciudadanos en la Justicia en nuestro país está por los suelos desde hace décadas. El panorama es desalentador. El atasco se ha incrementado un 52% entre 2018 y 2023. Tengo un juicio señalado en un Juzgado de lo Social de Alicante para junio de 2027, con año y medio de demora. Díganme qué explicación se le puede ofrecer al ciudadano de a pie de esta situación. Y no es culpa de los jueces que dictan, de media, casi una sentencia al día -más de 300 al año-, sino en buena parte de que hay pocos jueces en España, en comparación con la media europea, y en cambio demasiados funcionarios de a pie. Demasiada tropa para tan pocos tenientes. Haría falta más del doble de jueces para que la maquinaria funcionara, pero no creo que tengamos recursos económicos para ello.

Intentar un cambio profundo del sistema a través de una reforma tiene sentido porque realmente la justicia en España sólo se puede escribir con minúsculas. El jurista romano Ulpiano decía que “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, máxima que fue seguida a lo largo de los siglos, especialmente por santo Tomás de Aquino, y que ha llegado hasta nuestros días. Es cierto que la justicia tiene una gran trascendencia para la organización de la vida colectiva y social. La justicia consiste también en un hábito de la voluntad: el hábito de realizar actos justos. Sin embargo, Séneca nos enseñó que una justicia que llega tarde no es justicia. Por lo tanto, no es solo una cuestión de dictar resoluciones adecuadas a la normativa vigente y correctas desde el punto de vista de lo que es justo, sino de que dichas resoluciones se dicten en un tiempo también adecuado, consistente en que no haya mucha distancia temporal entre la demanda y la sentencia definitiva. Les pongo como ejemplo la reflexión de una compañera del Colegio de Abogados de Madrid, Gracia Coloma, que escribió en su blog: “no es hasta el día de hoy, es decir más de cuatro años después de su solicitud, cuando recibo la Sentencia del Tribunal de Justicia en la que, por fin, nos dan la razón que teníamos desde hacía más de cuatro años. Cuatro años en los que mi cliente ha tenido que trabajar en condiciones casi inhumanas, habiendo podido estar jubilado y cobrando el 100 % de su prestación de jubilación”. Lamentablemente éste no es un caso aislado.

Cuando las personas pierden la fe en la capacidad del sistema para proteger sus derechos se socava uno de los pilares fundamentales de la democracia, porque la justicia debe ser eficaz, accesible a todos los ciudadanos y rápida. En muchos casos mayor rapidez es imposible porque en bastantes juzgados no se trabaja como se debería, hay gente que se escaquea para hacer la compra en el horario de trabajo, o los desayunos se alargan de manera interminable. Algo que, por cierto, pagamos entre todos. Es frecuente que los abogados y los procuradores vayamos a consultar un asunto y no esté el funcionario de turno en su puesto. Vuelva usted mañana: esto parece el día de la marmota. Sería conveniente crear un sistema de primas e incentivos, que premiara la eficacia y la rapidez a la hora de resolver procedimientos económicamente, así como establecer un sistema de mayor control horario del personal judicial.

Recordemos que el artículo 24 de la Constitución Española dice lo siguiente en su párrafo segundo:

“1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. La tutela efectiva brilla por su ausencia cuando los procedimientos y su resolución se demoran de la manera actual.

Así las cosas, espero que la obligatoriedad de acudir a los medios alternativos de resolución de conflictos o MASC -que la ley, con una traducción libre del inglés, ha llamado medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, y que define como “cualquier tipo de actividad negociadora (…) a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objetivo de encontrar una solución extrajudicial al mismo”, sirva para algo positivo y no signifique perder más tiempo en la resolución de los asuntos. Ojalá así sea, particularmente soy una creyente en la mediación, pero me pregunto, ¿qué creerá el legislador que llevamos haciendo los abogados toda la vida, más que negociar? La mayor parte de las veces los asuntos acaban en el Juzgado porque las partes prefieren que un juez les diga lo que tienen que hacer, en lugar de ponerse ellos de acuerdo. Hay quien se niega a someterse a ningún tipo de negociación con la otra parte por motivos internos y también quien quiere aprovechar la lentitud del sistema para aplazar la solución del conflicto al máximo.

El tema da para mucho y acabo de sobrepasar mi barrera psicológica de palabras por artículo. En todo caso, esperemos lo mejor y preparémonos para que pueda pasar cualquier cosa, como por ejemplo que todo cambie para que siga todo igual, como se decía en El Gatopardo. Sería una verdadera pena que la reforma no tuviera utilidad, pero movilizar para mejorar el mastodonte de la justicia en España son palabras mayores.