Los veterinarios en pie de guerra

Los veterinarios están en pie de guerra.

Y las personas que tenemos a nuestro cuidado animales, también.

La aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 que regula y armoniza el uso de medicamentos veterinarios se ha visto reflejada en el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, dificultando y cuestionando la labor de unos sanitarios, que lo son tras años de una compleja formación superior y cursos de especialización, a los que, en muchos casos se suma una amplia experiencia.

Esta nueva norma, además de poner el foco sobre los profesionales de la veterinaria, les pone en una encrucijada al tener que en algunos casos salvar la vida de sus pacientes a costa del riesgo de tener que enfrentarse a multas astronómicas (hablamos de 5 y 6 ceros).

Con este nuevo decreto, un veterinario no puede administrar medicamentos a un animal si expresamente no están especificados en el prospecto de éste para tal aplicación terapéutica en esa especie.

O medicamentos para humanos que se utilizan en algunas patologías, o se emplean, por ejemplo, para paliar dolor, no pueden recetarse en animales, aunque no haya alternativa veterinaria.

Es evidente que la veterinaria no se ha desarrollado tanto como la medicina humana y hay enfermedades que no tienen todavía fármacos especificados en prospectos, pero para los que los veterinarios sí conocen, por su experiencia y conocimientos, alternativas que curan y reducen sufrimiento. ¿Dejamos entonces morir a los animales porque un medicamento no lo refleje en un papel, cuando la solución existe?

El medicamento de uso veterinario es unas diez veces más caro que el de uso humano

Además, si la hay, con la misma materia activa, el medicamento de uso veterinario es unas diez veces más caro que el de uso humano. Es evidente que nos encontramos ante una “tasa animal” que sólo tiene un beneficiario: quien fabrica el medicamento.

Los veterinarios tampoco pueden facilitar únicamente la dosis necesaria para el tratamiento de sus pacientes. Se vuelve obligatorio recetar envases completos, aunque haya que tirar más de la mitad de producto (o se utilice sin control alguno), lo que supone un gran incremento del coste de los tratamientos para quienes convivimos con animales, atendemos a los que están abandonados o rescatamos a los que necesitan ayuda, además de dificultar la compra, ya que no todas las farmacias venden productos veterinarios.

Si todo esto es surrealista, se vuelve todavía más cuando nos referimos a animales rescatados (ya que se supone deben estar identificados para poder ser atendidos) especialmente si son pequeños animales como palomas, que prácticamente ninguna farmacéutica incluye en sus prospectos y cuyos tratamientos pueden requerir dosis ínfimas.

¿De verdad es esto efectivo contra el desperdicio o controla el uso de medicamentos, si estos circulan fuera de la prescripción veterinaria? ¿O supone un incremento en la venta de medicamentos de uso veterinario?

Por otra parte, parece que ya no importa la experiencia clínica que permite a los veterinarios administrar a los animales los fármacos apropiados que resuelven sus problemas de salud de la forma más eficiente, con menos riesgos y ocasionando el mínimo padecimiento. Cuando se ha de administrar un antibiótico, se ha de comenzar el tratamiento con los considerados de categoría inferior y si no funcionan, hacer cultivos para ir aplicando progresivamente otros tipos, lo que retrasa la recuperación del animal, poniendo incluso en riesgo su vida en caso de tratarse de una urgencia.

¿De verdad va a reducir esto nuestros patógenos resistentes a antimicrobianos o va a tener un impacto en las cuentas de la industria farmacéutica que trabaja fármacos veterinarios?

La industria ganadera ha estado suministrando de forma sistemática antibióticos a los animales destinados a convertirse en comida como medida preventiva, dadas las condiciones tan desfavorables que se dan en las granjas, que impiden su desarrollo saludable (hacinamiento, restricción en los movimientos, heridas en contacto con heces, …).

Y aunque no es legal en Europa desde hace apenas 3 años, hay granjas que todavía, de forma ilegal, lo hacen (ver documental “Food for profit”).

Como no podía ser de otra forma, el resultado de este continuado y terrible sistema de producción de carne nos ha salpicado.

No son aislados los estudios que demuestran la existencia de patógenos en la carne que consumimos. Remarco, que consumimos (y que yo sepa, en la mayoría de los países no comemos ni perros, ni gatos, aunque Trump lo piense).

Algunos de estos estudios, como el realizado en la Universidad de Santiago de Compostela en coordinación con otros centros de investigación, cuyos resultados vieron la luz en 2023, determinaron que, de distintas muestras de carne seleccionadas al azar, procedentes de distintos animales de granja, el 73% de los productos contenían bacterias, casi la mitad, Escherichia coli super resistente. En el 10% de productos se detectó Klebsiella pneumoniae.

Así que, dejar de consumir patógenos super resistentes, a través de la carne que comemos, tal vez sería más rápido y eficiente para mejorar la salud de las personas, que poner trabas al cuidado de los animales.

En lugar de criminalizar a los veterinarios y castigar a quienes nos preocupamos por los animales y les damos atención veterinaria cuando lo necesitan, incluso cuando son animales de los que no deberíamos responsabilizarnos ¿no sería más eficiente que nuestras administraciones pusiesen el foco en el origen del problema y destinasen recursos, entre otros, a fomentar la reducción del consumo de productos de origen animal junto con sus patógenos resistentes?

Imagino que esta opción se descarta porque hay otro colectivo presionando con sus intereses. El lobby ganadero.

Lamentablemente, entre los intereses de un lobby y otro, para quienes deben tomar decisiones, nuestra salud y la de nuestros animales, es lo que menos importa preservar.