Los MENAS y la vicepresidencia primera del Consell
Le ha echado la culpa a “la falta de humanidad de ciertas comunidades autónomas”, una más de sus engañifas
La vicepresidenta primera del Consell y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, en la rueda de prensa sobre la Sectorial de Infancia y Adolescencia y el reparto de menores inmigrantes.
La actual y grave situación por la que pasan los 6.000 inmigrantes menores no acompañados -MENAS- procedentes del este africano y llegados con cayucos a través de la ruta atlántica a las Canarias no fue abordada por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de Santander. Pretende su reparto entre las comunidades autónomas peninsulares sin hablar del coste que supone la acogida, acompañamiento e integración del menor por parte de los servicios sociales de las autonomías. Espera reformar el Reglamento de la ley de extranjería para obligarlas, la LOEx, aun cuando haya perdido la votación en el Congreso por la deserción de JuntsxCat de su mayoría parlamentaria. Le ha echado la culpa a “la falta de humanidad de ciertas comunidades autónomas”, una más de sus engañifas. Pero lo que evadió en la pasada Conferencia de Presidentes es hablar de quien paga la acogida obligada por Ley. Pretende que el cupo de menores que exceda del 150% de capacidad de los servicios sociales de la comunidad receptora lo financien las autonomías destinatarias del reparto. Sin más.
De todos es sabido que el Estado está obligado a dispensar la misma protección a los menores extranjeros que a los nacionales, ya que la condición de menor siempre prevalece sobre cualquier otra existente, de acuerdo con el art. 39.4 CE, que establece que “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Un artículo que no diferencia entre niños españoles y extranjeros. En ese sentido, la disposición más importante es el art. 35 de la LOEx.; mientras el menor está sujeto al procedimiento que regula el Reglamento de la Ley Orgánica, los poderes públicos no pueden proceder a su expulsión. La norma no lo permite. A partir de ahí, las acciones que deviene de la acogida son obligación de las comunidades autónomas, de sus servicios sociales. El procedimiento es financiado por un Concierto anual con el Estado. Y de su ampliación el gobierno de Pedro Sánchez no quiere ni hablar
En el caso de la Comunidad Valenciana, ese procedimiento viene normado por la Ley 15/2008, de integración de personas inmigrantes y extranjeras en la Comunidad Valenciana. Sus artículos 39 y 40 obligan al Consell a darles “la atención que precisen conforme a la legislación vigente en materia de protección de menores”. Y respecto a esos menores inmigrantes no acompañados, “la Conselleria competente en materia de protección de menores, adoptará las medidas de protección y asistencia que sen necesarias para garantizar su atención inmediata” …” ejercerá las funciones de asistencia, guarda y protección de menores de la misma manera que con los menores nacionales” …”se le garantiza su derecho a la escolarización”. Y los servicios sociales del Consell son los que diseñan su currículo de integración.
La atención debería hacerse en otros espacios de acogida acordes a su protección y con la preceptiva intervención de fiscalía hasta la que se concrete la minoría de edad de forma indubitada
El departamento que dirige la Vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, lo tiene muy claro. Respecto al tema, su posición es conocida por el gobierno de Pedro Sánchez; las plazas de proyecto migratorio en la Comunitat son 319. El coste de la plaza de proyecto migratorio asciende a 218,85€ por día. La Comunidad Valenciana se ha visto obligada a ampliar en un año estas plazas en 124 por la constante llegada de menores no acompañados a los centros de la Comunitat Valenciana. Desde diciembre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2024 llegaron 85 menores en el denominado “cupo Canarias o cupo mayores”. El impacto económico en las maltrechas finanzas del Consell a primeros de octubre la conocía La Moncloa antes de la reunión de Santander. El coste de atender esos menores es de 500.000€/mes; es decir, 6 millones anuales de más sobre el importe del actual Concierto. El Consell ha reclamado que el gobierno de Pedro Sánchez asuma el coste financiero integro y real de este gasto vía transferencia finalista. Y no ha respondido.
Se le ha dicho como hacerlo; que asuma el coste económico integro y real de conformidad con los Conciertos anuales según las plazas totales de proyecto migratorio. También, que los menores sean puestos a disposición del sistema de protección de menores de las Comunidades Autónomas, en el único caso de que su minoría de edad sea indubitada. Ello implica que se incluyan las previsiones necesarias para la concreta determinación de la edad, y durante ese periodo que corresponda su atención a la administración central en materia migratoria; sin ello, la situación actual conlleva una distorsión de competencias pues en ciertos casos los derivados de las Canarias son personas mayores de edad que generan tensiones en el sistema autonómico hasta que se produce la determinación de su edad. La atención de estas personas debería hacerse en otros espacios de acogida acordes a su protección y con la preceptiva intervención de fiscalía hasta la que se concrete la minoría de edad de forma indubitada.
Además, se le ha dicho el itinerario legal para abordar estas propuestas que protegen al menor, cual es el que se modifique el Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011 de 20 de abril que tiene en trámite el Gobierno y, en su caso, con la modificación de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Si alguna cosa tiene clara la Vicepresidencia primera del Consell es la protección del menor inmigrante no acompañado. Nunca se ha opuesto a la Solidaridad Interterritorial para acoger a los MENAS de Canarias. Más bien al contrario. En La Moncloa ya saben el cómo, pero no han respondido. Ni responden.