Castilla-La Mancha recurre ante el Tribunal Constitucional por el reparto del impuesto a la banca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el reparto del impuesto a la banca. La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y anunciada en rueda de prensa por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. Según el Ejecutivo autonómico, la distribución de los fondos perjudica a la región, causando un impacto negativo estimado en 15 millones de euros.

Ruiz Molina ha enfatizado que el recurso no cuestiona la existencia del impuesto en sí, sino la manera en que se reparten los ingresos obtenidos. En este sentido, ha señalado que la ley establece un criterio de distribución basado en el Producto Interior Bruto (PIB), lo que, según sus cálculos, limita la asignación para Castilla-La Mancha a unos 60 millones de euros, cuando aplicando un criterio más equitativo, como el de población ajustada, la cantidad podría ascender a 75 millones de euros.

Argumentos jurídicos

El recurso se fundamenta en tres motivos principales. En primer lugar, el consejero ha denunciado que la distribución del impuesto se aprobó sin consultar a las comunidades autónomas, lo que a su juicio debió haberse tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En segundo lugar, ha argumentado que la normativa debió aprobarse como una ley orgánica en lugar de una ley ordinaria. Finalmente, el Gobierno regional considera que la medida vulnera el principio de solidaridad territorial.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades y el Consejo Consultivo han respaldado la decisión de interponer el recurso, al considerar que el reparto del impuesto presenta elementos susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal Constitucional.

Ruiz Molina ha subrayado que el único objetivo del recurso es la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y ha insistido en que no se trata de una confrontación política, sino de una acción en beneficio de la región. La iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del Ejecutivo autonómico por garantizar un reparto justo de los recursos públicos entre todas las comunidades autónomas.